El Compliance Penal es un conjunto de medidas personalizadas que tienen como objetivo garantizar que las personas jurídicas cumplan con todas las normativas legales vigentes. Este programa de cumplimiento se implementa para proteger a las organizaciones de posibles responsabilidades penales, especialmente si algún empleado comete un delito en el ejercicio de sus funciones.
Tener un Compliance Penal en vigor no solo salvaguarda a la empresa de sanciones legales, sino que también mejora su reputación ante el mercado y la sociedad, demostrando un fuerte compromiso con la legalidad y las buenas prácticas.
El Compliance Penal tiene como principal objetivo prevenir la comisión de delitos dentro de una organización. A través de la adopción de medidas específicas, este plan asegura que la empresa cumpla con las normativas legales, reduciendo significativamente los riesgos penales.
Cada empresa debe desarrollar un modelo de Compliance Penal adaptado a sus particularidades. Este modelo obliga a todos los integrantes, desde directivos hasta empleados, a ajustarse a las políticas establecidas. Las normas y sanciones se comunican a través de documentos y herramientas diseñadas para asegurar su comprensión y aplicación en todos los niveles.
Otro de los objetivos clave es la protección de la persona jurídica. Si un miembro de la organización comete un delito, la existencia de un programa de Compliance Penal efectivo puede eximir a la entidad de la responsabilidad penal, siempre que se demuestre que el programa cumple con las exigencias legales.
La elaboración de un plan de Compliance Penal requiere un análisis profundo de la empresa y sus posibles riesgos en función de sus actividades. Las medidas adoptadas deben ser específicas para prevenir acciones delictivas, y deben incluir:
Dentro de una organización, los delitos más comunes que pueden ser cometidos incluyen el delito de blanqueo de capitales, la evasión fiscal, las estafas, el tráfico de influencias, la insolvencia punible, la apropiación indebida, los delitos contra la seguridad de datos, propiedad intelectual, y la hacienda pública entre otros codelitos corporativos.
Las personas jurídicas que no cuenten con un plan de Compliance Penal pueden ser responsables penalmente si se comete un delito dentro de su organización. Las posibles sanciones incluyen multas elevadas, perdida de incentivos fiscales, pérdida de subvenciones y beneficios de la Seguridad Social, la clausura de locales o establecimientos, la suspensión de actividades o incluso la disolución de la persona jurídica.
Un Programa de Cumplimiento Penal permite a las organizaciones identificar y controlar los factores de riesgo que podrían derivar en la comisión de delitos. Al implementar medidas preventivas, se minimizan las posibilidades de que ocurran actos delictivos dentro de la empresa.
Si el programa de Compliance Penal se implementa correctamente, es probable que la empresa no se vea involucrada en procedimientos penales. Además, un buen cumplimiento facilita la organización interna y fomenta un ambiente laboral equilibrado, donde todos conocen las políticas corporativas y las consecuencias de incumplirlas.
En caso de que, a pesar de las medidas, se cometa un delito dentro de la organización, la responsabilidad penal de la empresa podría ser reducida o incluso nula. El juez puede decidir exonerar a la empresa si se demuestra que el Compliance Penal es adecuado o reducir la sanción, si, aunque existe un programa, este no fue suficiente para evitar el riesgo.
La implementación de un Compliance Penal requiere un seguimiento constante para detectar nuevos riesgos, evaluar el plan periódicamente, y realizar las modificaciones necesarias.
Contar con un abogado especializado en Compliance Penal es clave para asegurar un control efectivo y asesoramiento continuo. El Compliance Penal es esencial para cualquier persona jurídica que quiera prevenir delitos y reducir su responsabilidad penal. En la actualidad, disponer de un programa de cumplimiento es una obligación para las empresas que buscan exonerarse o minimizar las penas en caso de un delito.
Cada organización debe desarrollar su Compliance Penal de manera personalizada, detectando los riesgos específicos de su actividad y asignando recursos y autonomía al órgano de control del programa. Esto garantiza una implementación eficaz, con seguimiento constante y un compromiso firme por parte de todos los miembros de la empresa con la normativa corporativa.
Implementar un Compliance Penal es fundamental para asegurar la continuidad de la empresa sin sanciones penales.