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La Sentencia analiza un recurso de amparo interpuesto por una ciudadana que alegó vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas del artículo 24.2 de la Constitución Española. La demora en la celebración de su juicio, fijado para tres años y medio después de la admisión de la demanda, se justificó por causas estructurales del sistema judicial. La reclamación incluía también la solicitud de indemnización por los perjuicios causados por la demora.
La resolución del Tribunal Constitucional no solo reconoce la lesión del derecho fundamental, sino que establece un criterio claro sobre la posibilidad de reclamar indemnización al Estado por el funcionamiento anormal de la justicia, en aplicación del artículo 121 de la Constitución Española.
El Tribunal, tras analizar los hechos y la jurisprudencia previa, concluye que la demora de más de tres años es excesiva e injustificada, incluso considerando las dificultades estructurales. Así lo señala el tribunal, donde argumenta que "La demora de más de tres años, comparada con lo establecido en la jurisprudencia constitucional y a los tiempos medios de resolución de asuntos equivalentes por los juzgados de lo social de toda España, es en exceso dilatada en el tiempo aun considerando los efectos derivados de los retrasos acumulados por la situación derivada de la pandemia de la COVID-19."
El Tribunal subraya que las deficiencias estructurales del sistema judicial no excusan la violación de derechos fundamentales, como establece la jurisprudencia consolidada y reflejada en esta sentencia: "El hecho de que la demora denunciada se deba a motivos estructurales, no imputables directamente al órgano judicial, no impide apreciar la vulneración del derecho del recurrente a un proceso sin dilaciones indebidas, pues esta situación no altera su naturaleza injustificada, en tanto que el ciudadano es ajeno a esas circunstancias."
El Tribunal conecta esta vulneración con el artículo 121 CE, que impone al Estado la obligación de indemnizar los daños causados por errores judiciales o por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia "La lesión del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas genera, por mandato de la Constitución, cuando no puede ser remediada de otro modo, un derecho a ser indemnizado por los daños que tal lesión produce."
Además, refuerza este argumento al citar la STC 36/1984:"El derecho constitucionalmente garantizado no es un derecho vacío y su vulneración no puede ser remediada en términos puramente simbólicos [...]. La dilación indebida constituye el supuesto típico de funcionamiento anormal de la administración de justicia."
Limitaciones del amparo como recurso: El Tribunal explica que, en casos de dilaciones estructurales, el recurso de amparo tiene efectos limitados porque no puede alterar de forma inmediata las agendas judiciales. Así lo detallan en la sentencia afirmando que “El otorgamiento del amparo no debe incluir la nulidad de las resoluciones impugnadas ni medida alguna relacionada con la anticipación del señalamiento para la vista, porque, dado el carácter estructural de los referidos retrasos, ello podría agravar la posición de terceros no recurrentes."
Reparación mediante indemnización: El Tribunal insiste en que el derecho a una indemnización no es una medida simbólica, sino una vía real y efectiva para reparar el daño causado afirmando que "Los efectos limitados de las sentencias de este Tribunal para reparar la lesión del derecho fundamental a no padecer dilaciones indebidas, pueden verse contrarrestados por la correspondiente indemnización por un funcionamiento anormal de la administración de justicia."
Cumplimiento del artículo 121 CE: El Tribunal recuerda que la responsabilidad del Estado es un mandato constitucional, cuya regulación corresponde a la Ley, pero cuyo reconocimiento es inmediato cuando se prueba el daño. "La Ley podrá regular el alcance de tal derecho y el procedimiento para hacerlo valer, pero su existencia misma nace de la Constitución y ha de ser declarada por nosotros."
Para los ciudadanos: La sentencia refuerza la posibilidad de que los ciudadanos reclamen compensaciones económicas cuando sufran perjuicios derivados de dilaciones indebidas. Esto es especialmente significativo en casos donde los retrasos afectan derechos económicos o esenciales, como el acceso a prestaciones sociales.
Para el sistema judicial: La apertura de esta vía puede generar un incremento de reclamaciones patrimoniales, presionando al sistema judicial para implementar mejoras estructurales. La posibilidad de indemnizaciones masivas podría actuar como un incentivo para reformar la gestión y asignación de recursos.
Para la Administración: El reconocimiento de indemnizaciones por dilaciones indebidas impone una carga financiera potencial al Estado, que deberá evaluar los daños y establecer mecanismos claros para calcular y otorgar las compensaciones.
El fallo además se alinea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que insiste en que los Estados deben garantizar el derecho a un juicio en un plazo razonable, independientemente de las causas estructurales. En casos como Unión Alimentaria Sanders c. España (1989), el TEDH estableció que "El carácter estructural de las dilaciones no exime al Estado de su responsabilidad de garantizar el respeto a los plazos razonables establecidos en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos."
La sentencia refuerza una línea jurisprudencial consolidada por el Tribunal Constitucional, pero introduce un matiz relevante al enfatizar la indemnización como una medida concreta para reparar el daño, más allá de los efectos declarativos del amparo.
La sentencia del Tribunal Constitucional representa un paso significativo en la protección de los derechos fundamentales al reconocer la posibilidad de que los ciudadanos reclamen una indemnización al Estado por las dilaciones indebidas en los procesos judiciales. Este fallo reafirma que las deficiencias estructurales del sistema judicial, como la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos, no justifican la vulneración del derecho a un proceso sin demoras injustificadas, protegido por el artículo 24.2 de la Constitución.
Además, el Tribunal refuerza el carácter práctico y efectivo de los derechos fundamentales, estableciendo que las dilaciones indebidas constituyen un funcionamiento anormal de la justicia que obliga al Estado, en virtud del artículo 121 CE, a reparar los daños causados mediante una compensación económica. Esta medida no solo ofrece una reparación individual a los afectados, sino que también presiona al sistema judicial y a la Administración para abordar los problemas estructurales que generan estos retrasos.
La decisión establece un equilibrio necesario entre la garantía de los derechos individuales y la realidad estructural del sistema judicial, sin eximir al Estado de su responsabilidad. Este fallo no solo protege los derechos de los ciudadanos, sino que incentiva reformas que mejoren la eficiencia de la justicia, marcando un avance importante en la consolidación del Estado de derecho y la confianza en las instituciones.
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