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Las comisiones rogatorias han sido durante años el mecanismo principal de cooperación judicial internacional para la obtención de pruebas. Sin embargo, su aplicación ha demostrado ser lenta y burocrática, lo que ha dificultado la persecución efectiva de delitos transnacionales. Para superar estas limitaciones, el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la UE de 2000 y la Decisión Marco 2002/465/JAI del Consejo de la Unión Europea establecieron los Equipos Conjuntos de Investigación como una alternativa eficaz y dinámica.
Los ECI permiten la cooperación directa entre las autoridades judiciales y policiales de dos o más Estados miembros en la investigación de delitos con dimensión transfronteriza. En España, la regulación de los ECI se encuentra en la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE, que incorpora la normativa europea y establece las condiciones para la formación y operatividad de estos equipos.
Los ECI han sido utilizados en casos de terrorismo, tráfico de drogas y corrupción. En la Sentencia del Tribunal Supremo 201/2022, se avaló la intervención de un ECI en una investigación de blanqueo de capitales que involucraba a España, Alemania y Países Bajos, destacando la validez de las pruebas obtenidas sin necesidad de comisiones rogatorias.
Otro caso relevante es el Caso EncroChat, donde un ECI coordinado por Eurojust facilitó la interceptación y análisis de comunicaciones cifradas utilizadas por redes criminales en toda Europa, lo que resultó en múltiples detenciones y condenas.
Además de los ECI, la Orden Europea de Investigación (en adelante, OEI) ha sustituido en gran medida a las comisiones rogatorias en la obtención de pruebas. Regulada por la Directiva 2014/41/UE y transpuesta en España mediante la Ley 3/2018, la OEI permite la transmisión rápida y estandarizada de solicitudes de cooperación entre los Estados miembros, garantizando el reconocimiento mutuo de las medidas de investigación.
La OEI se complementa con los ECI al facilitar la obtención de pruebas en jurisdicciones extranjeras sin necesidad de procesos burocráticos extensos. En la Sentencia de la Audiencia Nacional 451/2020, se confirmó la legalidad de una OEI emitida por Francia para obtener pruebas bancarias en una investigación sobre fraude fiscal en España, demostrando la agilidad de este instrumento.
Eurojust es la agencia de la Unión Europea encargada de mejorar la cooperación judicial en materia penal entre los Estados miembros. Su creación en 2002 respondió a la necesidad de coordinar de manera más efectiva las investigaciones y enjuiciamientos de delitos graves con implicaciones transnacionales. Su sede se encuentra en La Haya, Países Bajos, y desde su fundación ha desempeñado un papel clave en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
Funciones principales de Eurojust:
La intervención de Eurojust ha sido determinante en la resolución de numerosos casos de delincuencia transnacional. Uno de los más destacados ha sido el caso mencionado anteriormente, el Caso EncroChat, en el que Eurojust coordinó operaciones en varios países europeos contra redes criminales que utilizaban comunicaciones cifradas para el tráfico de drogas y armas. Gracias a esta cooperación, se logró desmantelar una infraestructura criminal de gran alcance.
En el ámbito jurisprudencial, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de diciembre de 2020 destacó la importancia de Eurojust en la gestión de órdenes europeas de detención y extradición, enfatizando su papel en la garantía del principio de proporcionalidad y el respeto a los derechos fundamentales.
Otra resolución relevante es la Sentencia del Tribunal Supremo 201/2022, en la que se validó la actuación de Eurojust en la coordinación de un caso de blanqueo de capitales con ramificaciones en España, Alemania y Países Bajos. El Tribunal destacó que la intervención de Eurojust permitió evitar la fragmentación de la investigación y asegurar una respuesta judicial coherente.
La implementación de los Equipos Conjuntos de Investigación, junto con la Orden Europea de Investigación y la labor de Eurojust, ha transformado la cooperación judicial en la Unión Europea, ofreciendo herramientas más eficientes y efectivas que las comisiones rogatorias tradicionales. Estos instrumentos no solo agilizan los procedimientos de obtención de pruebas y coordinación entre Estados miembros, sino que también garantizan el respeto a los derechos fundamentales y las garantías procesales.
Gracias a los ECI, los Estados miembros pueden colaborar directamente en investigaciones transnacionales, mientras que la OEI y Eurojust facilitan la obtención de pruebas y la coordinación de esfuerzos en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del TJUE ha confirmado la validez y eficacia de estos mecanismos, consolidando su papel dentro del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE.
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