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La extradición se define como el procedimiento por el cual un Estado transfiere a otro a una persona que está siendo investigada o ha sido condenada, con el propósito de que se someta a un proceso judicial o cumpla una pena previamente impuesta. Este mecanismo se encuentra regulado por acuerdos bilaterales o multilaterales y se sustenta en el principio de reciprocidad, el cual establece la obligación de ambos Estados de cooperar en estos procedimientos, siempre bajo determinadas condiciones previamente acordadas.
Existen dos tipos de extradición: extradición pasiva y extradición activa. La extradición pasiva se encuentra regulada en la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva. En este supuesto, se requiere que tanto la legislación española como la del Estado requirente prevean una pena o medida de seguridad cuya duración no sea inferior a un año o, en su defecto, de cuatro meses de privación de libertad, según lo establece el artículo 2 de dicha ley.
Por otro lado, tenemos la extradición activa, que será objeto de un análisis más detallado en este documento. La extradición activa está regulada por los artículos 824 a 833 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este tipo de extradición se lleva a cabo cuando es solicitada por el Estado español a otro Estado, siendo competente para requerirla el juez o tribunal que esté conociendo del procedimiento. La solicitud de extradición se formula ante el Gobierno, quien será el encargado de instar la extradición de los procesados o condenados por sentencia firme, siempre que dicha solicitud sea procedente de acuerdo con la normativa aplicable. Un requisito indispensable para solicitar la extradición es que se haya dictado auto de prisión o sentencia firme de condena, conforme a lo dispuesto en los artículos 824 y 824 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Esta misma ley establece tanto los supuestos como los requisitos necesarios para la aplicación del procedimiento de extradición. Así, el artículo 826 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que solo podrá solicitarse o proponerse la extradición en los siguientes casos:
1.º De los nacionales españoles que, habiendo cometido un delito en España, se refugien en un país extranjero.
2.º De los nacionales españoles que, habiendo atentado en el extranjero contra la seguridad exterior del Estado, se refugien en un país distinto al lugar en que se cometió el delito.
3.º De los extranjeros que, debiendo ser juzgados en España, se refugien en un país que no sea el suyo.
Asimismo, el artículo 827 de la misma ley establece que la solicitud de extradición procederá en los siguientes casos:
1.º En aquellos supuestos previstos en los tratados vigentes con el Estado en cuyo territorio se encuentre el individuo reclamado.
2.º En ausencia de un tratado, cuando la extradición proceda conforme al derecho escrito o consuetudinario vigente en el territorio del Estado requerido.
3.º En ausencia de los dos supuestos anteriores, cuando la extradición sea procedente según el principio de reciprocidad.
Por su parte, el artículo 828 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que el juez o tribunal que esté conociendo de la causa en la que esté procesado el reo ausente en territorio extranjero será el competente para solicitar su extradición. Con este artículo, se concluye el procedimiento de extradición activa y se inicia una nueva fase de auxilio jurisdiccional internacional en materia penal. Para llevar a cabo esta fase, es necesario formular una petición que cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 831 a 833 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal y como se recoge en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, de 31 de mayo de 2005.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 811 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la petición de extradición debe formularse en forma de suplicatorio dirigido al Ministerio de Gracia y Justicia, salvo que un tratado internacional autorice una petición directa por parte del juez que esté conociendo del caso. Dicho suplicatorio debe ir acompañado del testimonio literal del auto de extradición, así como del informe o pretensión del Ministerio Fiscal y de las diligencias del procedimiento que justifiquen la petición de extradición, según lo establecido en el artículo 823 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta remisión debe realizarse a través del presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
Una de las medidas de mayor relevancia adoptadas en el ámbito de la Unión Europea para minimizar los inconvenientes del procedimiento de extradición tradicional es la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), comúnmente conocida como Euro-Orden, la cual ha agilizado significativamente el proceso de entrega de personas con fines penales entre los Estados miembros de la Unión Europea. Este instrumento fue aprobado en España mediante la Ley 3/2003, de 14 de marzo, y ha estado en vigor desde el 1 de enero de 2004. Actualmente, se encuentra regulado por la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
El caso de Daniel Sancho no es el único en el que un ciudadano español ha sido detenido en Tailandia bajo acusaciones de asesinato y desmembramiento. Un precedente lo encontramos en el mediático suceso ocurrido en 2016 en Bangkok, cuando Artur Segarra secuestró, torturó, asfixió y descuartizó a David Bernat, un consultor español. Segarra desechó los restos del cuerpo en el río Chao Phraya, lo que guarda similitudes con las acciones confesadas por Sancho, quien también habría desmembrado al cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla de Koh Phangan. Sancho, actualmente bajo custodia, ha colaborado con las autoridades tailandesas en la reconstrucción de los hechos y su caso está en proceso judicial.
El procedimiento seguido en el caso de Segarra fue diferente. Tras cometer el asesinato, huyó a Camboya, pero fue identificado por una pareja española que lo reconoció gracias a las imágenes difundidas en los medios de comunicación. Posteriormente, fue extraditado a Tailandia, donde fue condenado a muerte en 2017. Tras recurrir sin éxito ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo, su situación cambió en 2021, cuando el rey Maha Vajiralongkorn conmutó su pena de muerte por cadena perpetua durante su tradicional acto de clemencia anual, tras confesar su crimen
Si bien este caso establece un precedente, existen más diferencias entre ambos casos, ya que Artur Segarra sí que se encuentra dentro del supuesto recogido en el artículo 826.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto implica que, en su situación, podría ser extraditado por un delito anterior por el que huyó de España, no por el crimen cometido en Tailandia. No obstante, al no existir un tratado de extradición entre Tailandia y España, tampoco es posible su extradición de forma directa por estos hechos. Por ello, Sancho deberá seguir el mismo procedimiento mencionado anteriormente, basado en el acuerdo sobre cooperación en materia de ejecución de sentencias penales firmado entre ambos países. Esto significa que, tras cumplir al menos 8 años en una prisión tailandesa, podría solicitar su traslado a la justicia española para cumplir el resto de su condena en España.
Este caso estableció un precedente relevante para casos similares, como el de Daniel Sancho. Aunque Tailandia aplica penas severas, incluyendo la pena capital, los procesos de conmutación y traslado de condena son habituales tal y como recoge el artículo 5 del tratado entre ambos países. Segarra, ya ha permanecido varios años en prisión antes de que se inicie su traslado a España. Actualmente, lleva ocho años en una prisión tailandesa, y se prevé que sea trasladado a España en el transcurso de este año.
Este precedente podría influir en el tratamiento judicial del caso de Sancho. Dada la cooperación entre Tailandia y España, y los procedimientos judiciales tailandeses, se espera que, tras su condena en el país asiático, se inicie un proceso similar para que Sancho cumpla parte de su condena en España, una vez se cumplan los plazos estipulados en el acuerdo de cooperación penal entre ambos países.
El acuerdo vigente entre España y Tailandia, firmado el 7 de diciembre de 1983, regula la cooperación en la ejecución de sentencias penales entre ambos países. Este convenio permite que una persona condenada en uno de los países pueda ser transferida al otro para cumplir su pena, siempre que ciertos requisitos se cumplan.
En el caso de Daniel Sancho, este acuerdo sería aplicable solo si el delito por el que ha sido condenado también es considerado un crimen en España, como es el caso, aunque no es necesario que exista una coincidencia exacta en la tipificación legal. Sin embargo, la sentencia debe ser firme, algo que aún no ha ocurrido, pues Sancho tiene la posibilidad de apelar. Si su condena se confirma, la extradición dependería de que le reste más de un año de condena por cumplir, lo que parece probable si se mantiene la pena de cadena perpetua.
Analizando el Código Penal tailandés, se observa que las leyes de este país no hacen una distinción clara entre homicidio y asesinato. El artículo 288 establece que cualquier persona que mate a otra será castigada con una pena que puede ir desde 15 hasta 20 años de prisión, o incluso la pena de muerte, lo que muestra una disparidad importante entre las posibles condenas.
Aunque algunos medios han mencionado la posibilidad de que Sancho enfrente cadena perpetua, el Código Penal tailandés no menciona específicamente esta pena, pero se asume que los jueces la pueden imponer como una alternativa intermedia entre la pena máxima de 20 años y la pena de muerte. De hecho, aunque el código no lo contemple, hay antecedentes de condenas a cadena perpetua en Tailandia por delitos graves, y el propio acuerdo entre España y Tailandia lo menciona.
Existen además circunstancias agravantes que podrían implicar la imposición obligatoria de la pena de muerte, como la premeditación o la comisión de actos particularmente crueles o inhumanos. En el caso de la tortura, esta suele aplicarse cuando es cometida por funcionarios públicos, lo que reduce la posibilidad de que Sancho sea condenado a muerte por este motivo. Sin embargo, la premeditación está definida de manera amplia en la legislación tailandesa, lo que deja abierta la posibilidad de que pueda ser condenado a la pena capital.
En cuanto a la extradición a España, no es posible que Sancho sea enviado para ser juzgado en su país de origen, ya que no existe un tratado de extradición entre España y Tailandia, ni se encuentra dentro de los supuestos recogidos en la ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, el acuerdo de cooperación en la ejecución de sentencias penales permite que, una vez dictada una sentencia firme en Tailandia, se negocie su traslado para cumplir la condena en España, siempre y cuando se adapte a la legislación española. No obstante, si fuera condenado a muerte, esta opción quedaría descartada, ya que el acuerdo solo permite el traslado en casos de cadena perpetua. Además, el convenio establece que Sancho debería cumplir al menos ocho años en una prisión tailandesa antes de ser transferido a España.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, Daniel Sancho no estaría en posibilidad de solicitar su extradición, dado que no existe un tratado de extradición vigente entre los dos Estados involucrados, ni su caso se enmarca en las disposiciones establecidas en el artículo 826 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, podría tramitar su traslado a la justicia española para completar el cumplimiento de su condena en España, ya que existe un acuerdo bilateral entre ambos países en materia de cooperación para la ejecución de sentencias penales firmado entre ambos países en 1983.
Para que Daniel Sancho pueda solicitar dicho traslado, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2 del tratado mencionado, el cual establece las condiciones bajo las cuales puede procederse con el traslado:
1. Doble tipificación: El delito por el que ha sido condenado debe constituir delito en ambos países, aunque no sea necesario que las circunstancias del mismo (como el valor o cantidad en casos de robo) sean idénticas.
2. Ciudadanía: El condenado debe ser ciudadano del Estado receptor.
3. Exclusiones: El condenado no debe haber cometido delitos contra la seguridad del Estado, el jefe de Estado, ni delitos relacionados con el contrabando de antigüedades o patrimonio cultural.
4. Duración de la condena: En el momento de solicitar el traslado, debe restar al menos un año de condena por cumplir.
5. Sentencia firme: La condena debe ser definitiva, sin procesos judiciales pendientes en el Estado trasladante.
6. Duración mínima: El condenado debe haber cumplido la parte mínima de la pena según la legislación del Estado trasladante.
7. Posibles denegaciones: El traslado puede ser denegado si el Estado trasladante considera que representa una amenaza para su soberanía o si el condenado también es ciudadano de dicho Estado.
En virtud de lo anterior, Daniel Sancho podría solicitar el traslado una vez que haya cumplido la parte mínima de su condena, la cual, en este caso, es de 8 años, dado que cumple con las condiciones previamente enumeradas.
El procedimiento de traslado sigue los siguientes pasos: En primer lugar, el condenado debe ser informado sobre las condiciones del acuerdo. Posteriormente, la solicitud oficial del traslado debe ser realizada por el Estado receptor ante el Estado trasladante. En la evaluación de dicha solicitud se tendrán en cuenta factores como la posibilidad de que el traslado favorezca la reinserción social del condenado, la gravedad del delito, y las circunstancias atenuantes o agravantes. Es relevante señalar que el acuerdo incluye a condenados a cadena perpetua, penas determinadas o medidas de vigilancia, como es el caso de Daniel Sancho, quien ha sido condenado a cadena perpetua. Además, el Estado trasladante deberá proporcionar al Estado receptor información detallada sobre el delito, la sentencia, el tiempo cumplido y las reducciones de pena aplicadas. Si fuese necesario, el Estado receptor puede requerir información adicional. Finalmente, se acordará un lugar para la entrega del condenado y se verificará que el consentimiento para el traslado sea otorgado de manera voluntaria.
Adicionalmente, el tratado contempla un procedimiento de ejecución de la condena, regulado por el artículo 5, que establece lo siguiente:
1. La pena será ejecutada conforme a las leyes del Estado receptor, incluyéndose la posibilidad de libertad condicional o reducción de la condena. En este caso, la pena se ajustará a la mayor sanción existente en España, que es la prisión permanente revisable.
2. El Estado trasladante puede conceder indultos, y el Estado receptor estará obligado a respetar dicha decisión.
3. El Estado receptor no puede ampliar la duración de la pena.
4. El Estado receptor asumirá los gastos relacionados con el traslado y la ejecución de la condena.
5. Las partes deberán intercambiar informes periódicos sobre la situación de los condenados trasladados, incluyendo su liberación o cualquier cambio en su situación jurídica.
En conclusión, la extradición desempeña un papel fundamental en la cooperación internacional en materia de justicia penal, permitiendo la transferencia de individuos entre países para que enfrenten cargos o cumplan condenas impuestas por tribunales. Este proceso se divide en dos tipos principales: la extradición pasiva, regulada por la Ley 4/1985, que se aplica cuando un país solicita la entrega de una persona que ha sido condenada en otro país, y la extradición activa, regulada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ocurre cuando España solicita a otro país la entrega de una persona que ha sido procesada o condenada en España.
En el caso de Daniel Sancho, a pesar de la ausencia de un tratado de extradición específico entre España y Tailandia, existe un acuerdo bilateral que regula la cooperación en la ejecución de sentencias penales. Este acuerdo, firmado en 1983, permite el traslado de personas condenadas entre ambos países para cumplir sus penas, siempre que se cumplan ciertos requisitos, como la existencia de una condena firme y la doble tipificación del delito en ambos países. Sancho podría, por lo tanto, solicitar su traslado a España para completar su condena, una vez que haya cumplido un tiempo mínimo en prisión en Tailandia.
Este acuerdo refleja cómo los mecanismos de cooperación internacional, como los acuerdos bilaterales sobre la ejecución de sentencias, pueden ofrecer soluciones en situaciones legales complejas, incluso cuando no existe un tratado de extradición directo. Así, el marco legal disponible permite adaptar y resolver casos difíciles, facilitando la justicia y la cooperación entre países
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